La plena ciudadanía se ejerce haciendo uso de todos los derechos ciudadanos; esto implica no sólo el derecho a votar y expresarse en las urnas, sino también, a educarse, trabajar, a tener atención en salud, a tener previsión social, entre otros. Si la mitad de la población, no puede hacer uso pleno de sus derechos porque no tienen acceso real a los servicios básicos que el Estado debiera garantizar, la democracia no funciona plenamente. En una sociedad estructurada alrededor del mundo del trabajo, los certificados de estudio cobran cada vez mayor importancia. La pregunta es si la universidad pública puede dar respuesta a esta fragmentación del tejido social, democratizando su acceso a los distintos sectores sociales, posibilitando el ejercicio de sus derechos. Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a este nivel en función de la relación demanda-capacidad, establecen requisitos exigibles a los aspirantes. Allí se sitúa la discusión acerca de la Educación Superior como derecho o como privilegio. El presente artículo intenta plantear algunas líneas de discusión y reflexión a partir de la necesidad de atender la problemática de “acceso real” a los estudios universitarios, y analiza el perfil de los estudiantes universitarios para visualizar la composición social de este colectivo en los 25 años de democracia en nuestro país.