Las condiciones de pobreza y desigualdad que vive México, debidamente acreditadas por estudios recientes, obligan a replantear el enfoque prioritario que deberían asumir en el país profesiones como la de arquitecto, para estimular el compromiso social de sus integrantes, especialmente en relación con las periferias urbanas y la ciudad informal. Lo que aquí se plantea es la posibilidad de que México cuente con un cuerpo público de arquitectos al servicio principalmente de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Dadas las circunstancias, una propuesta así no debería verse siquiera en términos de elección; tendría que ser una obligación, moral sobre todo.