Debido a la importancia económica y social del sector minero, durante los últimos años, en la vida del país, surge la necesidad de una investigación que permita mejorar la funcionalidad tanto del canon como de los estudios de la licencia social de las empresas y su buena aplicación para conseguir un clima de armonía entre los actores involucrados. Esto, evidentemente, redundará en la solución de los problemas más críticos para las comunidades y los beneficios propios para las empresas y, consecuentemente, para el país. El aprovechamiento de los recursos mineros se ha constituido en una actividad importantísima por su aporte al PBI. A pesar de lo dicho, se han ido incrementando los desbordes sociales entre las comunidades, las empresas y el Estado, dando motivo a la generación de conflictos entre los principales actores del sector. Ello ha provocado un clima de tensión, motivando reacciones violentas, como la paralización de las actividades productivas e, incluso, la postergación de proyectos de inversión, por lo que se ha involucrado en esta crisis no solo a las comunidades del entorno y a las empresas, sino también a los gobiernos regionales y al Estado. Es obvio, entonces, que el problema es complejo y que el Estado no ha trazado políticas que permitan mejorar esta situación y, de este modo, superar el clima de confrontación social.