La figura de hogar seguro fue modificada por legislación aprobada en el año 2011. Por más de un siglo, el hogar seguro ha intentado proteger la residencia principal de un individuo o grupo familiar al (1) establecer un valor máximo de la residencia protegido contra embargos y (2) proveer el derecho de poseer y disfrutar una residencia de forma exclusiva por tiempo determinado en casos de divorcio, separación o muerte. La nueva legislación elimina el valor máximo protegido contra embargos y establece que la residencia estará libre de ejecución. Sin embargo, el estatuto indica que el sector hipotecario, el gobierno y contratistas bajo ciertas circunstancias podrán ejecutar la residencia para el cobro de una deuda. Por consiguiente, el nuevo estado de derecho al intentar proteger a ciertos dueños de residencias y acreedores logra simultáneamente desplazar a un segundo plano a otras personas con intereses económicos sobre una residencia.