El artículo expone las controversias sobre la legislación social agraria en Uruguay que se registraron en el Parlamento entre junio de 1943 y octubre de 1946. A pesar de que en la esfera pública se admitían las vulnerabilidades de los trabajadores rurales, las respuestas fueron muy distintas a las elaboradas para los trabajadores de industria y comercio. Los resultados de los debates y las leyes sancionadas determinaron la exclusión de los trabajadores rurales de los ámbitos de relaciones colectivas de trabajo: libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga que se consolidaron con la Ley de Consejos de Salarios en 1943.