Resumen:
En este texto los análisis y reflexiones se concentran en las posibilidades y límites de la realización material del derecho a la salud a través de los jueces. Específicamente, se trata de ubicar el papel de la justicia en la definición de los planes básicos de salud, dentro de un complejo entramado institucional que trasciende la esfera del poder judicial, en general, y de la Corte Constitucional, en particular. La investigación parte del supuesto según el cual la realización de los DESC pasa por intervenciones del Congreso, quien mediante leyes define las políticas públicas que los concretan en términos de derechos sociales legales; también pasa por la actuación del Gobierno y la administración pública, tanto nacional como local, quienes a través de reglamentos y actos administrativos traducen en prestaciones fácticas los derechos sociales configurados legalmente; y finalmente, intervienen los jueces quienes llevan a cado el control de todo el proceso, imponiendo estándares sustantivos mínimos, no negociables, a dichas políticas y actuaciones, y controlando la transparencia e imparcialidad del proceso de deliberación y decisión de dichas políticas. No se analiza aquí la totalidad la totalidad del entramado institucional que interviene en la definición de los planes de salud.
