Desde la apertura democrática en el año 2000, Perú ha experimentado una revitalización de la hipótesis “ideológica” de conflicto y su traducción en dinámicas securitarias que identifican nuevas amenazas según los lineamientos de seguridad hemisférica post 11S.Considerando que aún los procesos de memoria, verdad y justicia se encuentran en construcción, el artículo se propone analizar el uso de estados de emergencia y la apelación a la figura de terrorismo para controlar el orden interno en situaciones de conflictos territoriales. Nos abocamos al análisis de dos casos en los que se declaró el estado de emergencia “por razones de seguridad nacional”: la declaración del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro como zona de emergencia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (VRAEM); y la utilización de este recurso jurídico para contener y reprimir la protesta social contra el proyecto minero Conga en la región de Cajamarca.Intentaremos demostrar que la utilización del estado de emergencia en gobiernos democráticos se ha aplicado en situaciones que no representan una amenaza a la independencia y seguridad del Estado, ni ponen en peligro la vida de la nación, sino que consolidan prácticas extraordinarias como modos regulares de preservación del orden interno.