Material elaborado por la Sec. de Salud Laboral y la Sec. de Educación de CTERA, publicado en octubre de 2018 en base a la información obtenida en la Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo, que se realizó durante los meses de octubre y noviembre de 2017, en la cual participaron 2.283 docentes de 14 provincias del país: Formosa, Chaco, Corrientes, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, CABA, Pcia. de Buenos Aires, San Juan, Tucumán y La Rioja. La Encuesta Nacional de Salud ha sido definida por la organización como una estrategia de investigación y producción de conocimientos, desde el propio colectivo de trabajadores/as docentes y forma parte del plan de lucha que lleva a cabo la CTERA. Este trabajo de investigación pone de relieve las condiciones de trabajo así como su incidencia en la salud de las y los docentes. Los resultados obtenidos cobran mayor importancia en contexto en el que el desfinanciamiento de la Educación Pública y el ajuste en educación han desmejorado notablemente los salarios, las condiciones materiales y simbólicas para enseñar y aprender. El presente y el futuro de millones de niñas/os, jóvenes y adultos se ve amenazado por la desidia y las políticas educativas que desde el Estado socaban la Educación Pública. Esta situación se ve agravada por el acuerdo que el Gobierno Nacional ha realizado con el FMI, cuyos coletazos serán letales para la Escuela Pública argentina. El objetivo principal de esta Encuesta es construir datos científicos desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, a los efectos visibilizar y valorar el trabajo docente, y para intervenir en los espacios de participación que se sostienen como organización de trabajadores en pos de la mejora de las condiciones de trabajo. Compartimos una síntesis de los primeros resultados de la Encuesta Nacional, esperando que sean de utilidad como aporte para continuar la lucha para que el Estado se responsabilice de la Educación Pública, convoque a la Paritaria Nacional Docente y sancione una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice el derecho social a la educación, en condiciones dignas de enseñar y aprender para todas las y los estudiantes y docentes.