The Colombian armed conflict highlighted and exacerbated the barriers to equal and equitable access to land, especially for rural women who suffer social, political and economic discrimination. The State is advancing in the issuance of public policies, regulatory frameworks and jurisprudence aimed at proposing alternatives to guarantee this right, one of them is the recognition made by Law 1448 on Land Restitution. This study analyzes 13 sentences issued from the Peace Agreement until 2020 related to the incorporation of the gender approach to favor women's rights to access to land. Of the sentences, two were individual requests and less than 50 % of the applicants are women, which showed the large gap that exists. 84 % of the sentences refer to the fact that the property was headed by the man, ratifying the historical patriarchal behavior towards rural property. Although, in the acts substantiated, the status of victims of both genders is recognized, the restitution is given only in the name of the person who certifies the property, that is, in almost all cases they are men, which raises concern about the application differentiated article 118 of the Victims Law and that has historically left aside the gender focus in the processes.El conflicto armado colombiano evidenció y agudizó las barreras de acceso igualitario y equitativo a la tierra, sobre todo en las mujeres rurales que sufren discriminación social, política y económica. El Estado avanza en la expedición de políticas públicas, marcos normativos y jurisprudencia dirigidas a plantear alternativas para garantizar este derecho, una de ellas es el reconocimiento que hace la Ley 1448 de Restitución de Tierras. El presente estudio analiza 13 sentencias proferidas desde el Acuerdo de Paz hasta el 2020 relacionadas con la incorporación del enfoque de género para favorecer los derechos de las mujeres al acceso a la tierra. De las sentencias, dos fueron peticiones individuales y menos del 50 % de las personas solicitantes son mujeres lo que evidenció la gran brecha existente. El 84 % de las sentencias hacen referencia a que el predio estaba en cabeza del hombre ratificando el comportamiento patriarcal histórico frente a la propiedad rural. Si bien, en los actos sustanciados se reconoce la calidad de víctimas de ambos géneros, la restitución se da únicamente a nombre de quien acredita la propiedad, es decir, en casi todos los casos son hombres, lo que genera preocupación sobre la aplicación de manera diferenciada el artículo 118 de la Ley de víctimas y que históricamente ha dejado de lado el enfoque de género en los procesos.