Los valores constitucionales de convivencia pacífica y orden justo, exigen que la relación entre el Estado y la sociedad, se desenvuelva en un ambiente de confianza y seguridad que habrá de tejerse con fundamento en el reconocimiento del principio de responsabilidad del Estado, cuando los asociados se encuentran en condición de víctimas de actos terroristas por razón de haber sufrido un perjuicio que implica la violación a los derechos de igualdad y libertad. Con este planteamiento, en el presente artículo, se exponen los resultados parciales del proyecto de investigación en el que se indaga sobre la fundamentación jurídica y política acogida por la sección tercera del Consejo de Estado colombiano, para condenar a la Nación por actos terroristas; con el propósito de evidenciar la incidencia que tiene la elección de diversos títulos jurídicos de imputación en la reparación de las víctimas de daños antijurídicos.