La implementación de la política pública de atención a víctimas constituye un avance no solo en la protección y garantía de derechos, sino en la respuesta estatal respecto a la crisis humanitaria que ha generado el conflicto armado en el país. No obstante, so pena de soslayar dichos beneficios y adelantos, es necesario realizar una serie de ajustes al marco administrativo y fiscal en el cual se desarrolla, especialmente en el ámbito local.