In public administration, motivation refers to the justification and rationale behind decisions made by authorities. Traditionally viewed as a formal requirement to ensure legality and transparency, its significance extends beyond mere procedural compliance. Proper motivation in administrative acts not only fulfills legal requirements but also strengthens public trust and enhances administrative legitimacy. This article seeks to explore motivation as a fundamental component in the issuance of administrative acts, using a documentary review with a qualitative and legal hermeneutic approach. A well-articulated motivation promotes reflection and responsibility within the administration, encouraging officials to make carefully considered and well-supported decisions. This also aids judicial oversight and review of administrative acts, ensuring they are free from arbitrariness. Therefore, motivation should be viewed not only as a formal obligation but as a commitment to quality and ethics in public administration.En el ámbito de la administración pública, la motivación hace referencia a la justificación y fundamentación de las decisiones adoptadas por las autoridades. Tradicionalmente considerada como un requisito formal para garantizar la legalidad y la transparencia, su importancia va más allá de este aspecto. Una motivación adecuada en los actos administrativos no solo cumple con exigencias legales, sino que también promueve la confianza y legitimidad de la administración ante los ciudadanos. En razón a ello, este artículo tiene como objetivo abordar la motivación como un elemento esencial al momento de proferir un acto administrativo, mediante una revisión documental con enfoque cualitativo y corte hermenéutico jurídico. Finalmente, se destaca que una motivación bien elaborada fomenta la reflexión y la responsabilidad en la administración, exhortando a los funcionarios a tomar decisiones cuidadosas y fundamentadas, lo cual facilita el control judicial y la revisión de los actos, asegurando que no se basen en arbitrariedades. Así mismo, se entiende que ésta no debe ser vista como una obligación formal, sino como un compromiso con la calidad y la ética en la gestión pública.