El propósito de este artículo se orienta al análisis del sustrato del principio de autonomía territorial contenido en la Constitución Política de 1991, el cual, responde a los postulados que sobre autonomía local se han planteado a nivel internacional y que resaltan la importancia del municipio y de las comunidades en la gestión pública. En segundo lugar, se ocupa del marco institucional que resulta del carácter unitario de nuestro Estado, en el cual prevalece la unidad nacional frente a la autonomía territorial, derivando en la configuración de importantes restricciones o limitaciones imperantes en el diseño normativo. El insumo principal que sirvió de soporte al análisis lo conforman un importante número de providencias de la Corte Constitucional que abordan el tema de los límites mínimos requeridos para el ejercicio de la autonomía y la perspectiva de diversos autores que realizan variadas lecturas sobre las dinámicas de la gestión local.