Constructing the Colombian constitution in 1991 reflected a complex situation consisting of social phenomena such as drug trafficking, political persecution and excessive use of the "state of siege/emergency" mechanism which bestowed an air of legitimacy on various armed forces: those of the state, terrorists and subversive and paramilitary elements. This, in turn, led to constant violation of people's human rights and total ignorance of the concept of human dignity, this being the foundation for a modern, democratic state. The foregoing led to civil society actors/movements, mainly university students, calling on the people as the constituent power to create a new social contract, a desire resulting in the promulgation of the 1991 constitution which recognises that human dignity provides the means for recognising the rule of law, this being the foundation upon which the entire functioning of public authorities rests for guaranteeing the fundamental rights of all members of a particular state.El proceso de construcción de la Constitución Política de 1991 reflejó una compleja situación conformada por fenómenos sociales como el narcotráfico, persecución política y un uso excesivo del “Estado de sitio” que permitió darle un aire de legitimidad a las distintas fuerzas armadas: a las del Estado, a las subversivas y a las del paraestado, quienes a su vez, conllevaban a una constante vulneración de los derechos humanos de los asociados y a un total desconocimiento del concepto de Dignidad Humana, fundamento de un Estado moderno y democrático. Lo anterior condujo a que distintos movimientos sociales, principalmente el conformado por los estudiantes universitarios, convocaran al pueblo como Poder Constituyente para la creación de una nueva Carta Magna, anhelo que se vio concretado en la promulgación de la Constitución Política de 1991, la cual reconoce como sustento del Estado Social de Derecho el reconocimiento de la Dignidad Humana; fundamento sobre el cual recae todo el funcionamiento de las autoridades públicas instituidas para garantizar los derechos fundamentales de los miembros del Estado.