Este trabajo se inserta en el campo de discusiones en el que convergen las políticas sociales y de seguridad como modo de gestionar poblaciones, especialmente jóvenes considerados “en riesgo” y/o peligrosos. Algunos análisis al respecto señalan que un riesgo de dicha imbricación es la criminalización de la pobreza y la estigmatización de los/las destinatarios/as. Mientras en todo proceso clasificatorio hay definiciones y atribuciones que pueden devenir en estigmatizaciones, el análisis sobre la empiria, informado en la teoría estatal feminista, permite observar su operacionalización y la forma que finalmente adopta en un contexto determinado. Este artículo enfoca en un programa de prevención social del delito con transferencias condicionadas de ingresos (TCI) y al considerar las interacciones cotidianas entre agentes estatales y beneficiarios/as no verifica el cumplimiento de tal estigmatización. El trabajo procura aportar a una perspectiva de análisis de políticas públicas que considere las interacciones cotidianas entre agentes estatales y beneficiarios/as. Los datos surgen de un estudio de caso realizado entre 2007 y 2009 sobre el programa de prevención social del delito Comunidades Vulnerables, en una implementación en el AMBA.