Nuevos derechos ambientales fueron introducidos en Argentina con la reforma constitucional de 1994. El reconocimiento constitucional de los derechos ambientales es un paso fundamental en el avance de la justicia y la ciudadanía ambientales. Pero no es suficiente. Los principios constitucionales deben traducirse en legislación y la legislación debe ser efectivamente aplicada. Mientras algunos autores se centran en los procedimientos administrativos y judiciales y en la participación institucionalizada en el proceso de toma de decisiones, este trabajo busca construir un enfoque emergente que ayude a analizar la aplicación de los derechos ambientales en Argentina desde una perspectiva más amplia que vaya más allá de los procedimientos y la participación institucionalizada y que también tome en cuenta el rol de la acción contenciosa o contienda ambiental. Argumento que tres modos de contienda ambiental convergen en la actualización de los derechos ambientales: el litigio judicial, la protesta social y la controversia experta. A la luz del desarrollo reciente de las movilizaciones y las políticas ambientales en Argentina, este trabajo discute cómo esos modos se manifiestan, se combinan entre sí y se conectan con la participación institucionalizada.