Durante el actual decenio se multiplican las sanciones impuestas por gobiernos, grupos regionales, internacionales, temáticos y de los polos de poder contra determinados países, para imponer decisiones que afectan la soberanía, el derecho a la igualdad soberana, a la autodeterminación, a la paz y la vida, mediante la exclusión del diálogo y del arreglo pacífico de las controversias entre los Estados. Un acercamiento a la problemática no culminará todas las expectativas, sino que alertará respecto a la supuesta “confusión” de los propósitos. Cualquier Estado del planeta (subdesarrollado o emergente) arriesga ser conminado a actuar según las decisiones de los polos de poder, mediante la aplicación de medidas coercitivas, que exceden el marco de sus atribuciones. Con la finalidad de determinar la licitud al imponer sanciones por un país o agrupación contra otra parte, invocando el Derecho Internacional se contrastan las acciones más frecuentes enmarcadas entre las medidas coercitivas actuales.