Cada sociedad viene regida por una serie de normas y reglas que guían la forma de relacionarse y que permiten a los ciudadanos un sistema de protección, asegurando la vida en convivencia. La garantía de su cumplimiento supone la seguridad y estabilidad de la propia sociedad. Por su parte, el incumplimiento de este código normativo implica una serie de consecuencias jurídicas. En el caso de la delincuencia juvenil en España, la Ley Orgánica 5/2000, regula la responsabilidad penal de los menores, concretamente el periodo comprendido entre los 14 y 18 años, constituyendo un tratamiento específico para los adolescentes que cometen delitos. Sin embargo, es importante enfatizar el hecho de que un sistema preventivo y por tanto “previo al delito” será preferible a la corrección del acto delictivo, evitando, de esta forma el deterioro de la propia sociedad. Para ello es importante, además de las consecuencias punitivas regidas por ley, establecer un sistema en red que abarque el ámbito social y educativo como elementos fundamentales para la prevención.Partiendo de la idea de prevención como medida principal en el desarrollo del comportamiento de los adolescentes, se pretende valorar y proponer posibles alternativas y vías que mejoren la situación de estos jóvenes en riesgo, siguiendo las directrices marcadas por las Naciones Unidas sobre la prevención de la delincuencia juvenil, analizando la adaptación de las de las mismas en el marco socioeducativo español.