The author critically exposes the problem that exists in the norms that regulate the procedures for the recognition and registration of legal status and the effective exercise of the native communities that still exist in the country. In addition, it aims to determine that, in this area, despite the fact that the State has ratified international commitments on the recognition, protection and promotion of the rights of indigenous peoples, in cases where communities are unable to register their titles by an overlap, caused even by the same State, ignore fundamental norms of administrative law, unnecessarily harming these populations that are among the most vulnerable, omitting their obligation to protect them. It also has the purpose of verifying the need for mechanisms to be established that safeguard the ownership of the lands of the communities during the years it takes the State to recognize and title a community. Finally, the author concludes that the State is not guaranteeing in practice the recognition and the right to property of these populations and that not only changes in current legislation are necessary but that it is essential to develop a public policy that includes sustainable productive projects that are raised with an intercultural approach, that is, recognizing the intrinsic interdependence relationship between the communities and the natural resources that surround them as well as the diversified character in their subsistence activities that are part of their culture.La autora expone críticamente la problemática que existe en las normas que regulan los procedimientos para el reconocimiento e inscripción de la personería jurídica y el efectivo ejercicio al derecho a la tierra de las comunidades nativas que aún subsiste en el país.Además, tiene como objetivo determinar que, en esta materia, pese a que el Estado ha ratificado compromisos internacionales sobre el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en los casos en los que las comunidades se encuentran impedidas de inscribir sus títulos por una superposición, causada incluso por el mismo Estado, desconoce normas fundamentales del derecho administrativo, perjudicando innecesariamente a estas poblaciones que se encuentran entre las más vulnerables, omitiendo su obligación de protegerlas. Asimismo, tiene como propósito verificar la necesidad de que se establezcan mecanismos que salvaguarden la propiedad de las tierras de las comunidades durante los años que demora el Estado en reconocer y titular a una comunidad.Finalmente, la autora concluye que el Estado no esta garantizando en la práctica el reconocimiento y el derecho a la propiedad de estas poblaciones y que no solo se hacen necesarios cambios en la legislación actual sino que es imprescindible desarrollar una política pública que incluya proyectos productivos sostenibles que sean planteados con un enfoque intercultural, es decir, reconociendo la relación intrínseca de interdependencia entre las comunidades y los recursos naturales que los rodean así como el carácter diversificado en sus actividades de subsistencia que forman parte de su cultura.DOIhttps://doi.org/10.24265/voxjuris.2020.v38n1.06