El presente artículo tiene como propósito analizar la última reforma penal constitucional de la ley N° 30650, mediante la cual se reguló la prohibición de la prescripción penal o la imprescriptibilidad penal para algunosfuncionarios públicos que realicen delitos contra la administración pública, y establecer las compatibilidades con la legislación vigente, así como la viabilidad o no de su aplicación inmediata. Para ello se presentan diversas propuestas de solución a fin de considerar a la hora que se pretenda reglamentar la regla jurídica de aplicación inmediata a través de la ley de regulación en el Código Penal de 1991.DOIhttps://doi.org/10.24265/voxjuris.2018.v36n2.11