Un sistema de negocios cada vez más utilizado por la marina mercante mundial es la utilización de pabellones de países que difieren con el de residencia del armador. Esta práctica permite al propietario su anonimato jurídico y ventajas sindicales, fiscales y de seguridad de las embarcaciones. Los países que más se destacan en permitir el registro de embarcaciones bajo este sistema son Panamá, Liberia y más recientemente las Islas Marshall, pero en conjunto son más de treinta. Si bien el recurso no es ilegal y está fundado en la soberanía nacional, su legitimidad es al menos cuestionable desde la perspectiva laboral y fiscal. Nos proponemos, por un lado, analizar la incidencia actual de este procedimiento en la flota mercante mundial y por otro medir y evaluar este uso a partir de un caso concreto. Para ello analizaremos críticamente los informes y estadísticas que al respecto vienen realizando la Federación Internacional del Transporte (ITF) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y la información detallada de la aduana y la policía portuaria de Puerto Quequén entre 1922 y 2012. De este análisis surge que este procedimiento no deja de crecer desde los años 1990 e incluso se ha incrementado, a pesar de la prédica por buenas prácticas en la navegación y las denuncias de la comunidad de trabajadores abordo. La analogía de este uso con los más conocidos paraísos fiscales es inevitable desde los indicadores geográficos y de negocios.