En este artículo se analizan las condiciones que hicieron posible la transformación de la evaluación docente en México, convirtiéndola en un dispositivo clave para reconfigurar la profesión docente y establecer un nuevo modo de gobernar la educación.Concebimos la reforma como un proceso histórico (Popkewitz, 1994) que si bien se enmarca en un contexto mundial de instrumentación de políticas educativas homogéneas caracterizadas por anteponer la eficacia a cualquier otro propósito (Ball, 2001), es preciso analizar su singularidad, comprender sus afectaciones concretas y los efectos subjetivos que producen, expresados en forma de miedo, incertidumbre y el riesgo permanente de desafiliación (Bauman, 2005; Beck, 2007). A partir de la revisión de diversos documentos oficiales y del seguimiento de noticias en diarios nacionales y locales, se identificaron tres etapas. En la primera, la evaluación aparece subordinada a la actualización docente, pero esta relación se trastoca tras la firma de la Alianza por la calidad de la Educación (ACE), iniciando así una segunda etapa, breve pero crucial para comprender las condiciones de posibilidad de la evaluación obligatoria. De este modo, al aprobarse en 2013 la reforma que crea el Servicio Profesional Docente, la evaluación estaba en camino de normalizarse; no obstante, su carácter obligatorio ha provocado un fuerte rechazo y múltiples afectaciones cuyo desenlace aún desconocemos.