Durante la década del setenta, la lucha del sindicalismo colombiano llegó a importantes niveles, pues las políticas económicas de los gobiernos durante esos años no favorecieron a los trabajadores. Se consolidó durante los setenta la política alcista de los precios de productos de primera necesidad y, mientras los salarios de los obreros se vieron estancados, los gobiernos de turno se negaron a realizar un incremento de salarios equivalente al aumento que venía teniendo el costo de vida. La protesta del sindicalismo en el país llegó a su máxima xpresión con la realización del paro cívico nacional el 14 de septiembre de 1977. Esta manifestación generó un gran nerviosismo en las esferas políticas y en las Fuerzas Armadas del país, que sintieron que el orden público y la estabilidad de las instituciones estatales estaban en riesgo por las acciones del movimiento sindical. Es así como Julio César Turbay Ayala asume lapresidencia de Colombia en 1978, y al mes de su posesión expide el decreto legislativo 1923 del 6 de septiembre de 1978, también conocido como Estatuto de Seguridad, con el fin de contener la lucha sindical en el país. Con el Estatuto, el control político y social del movimiento popular y en especial del movimiento sindical se hizo más radical, con el funcionamiento del decreto 1923 de 1978 se criminalizó la protesta social, se restringieron las libertades democráticas y sindicales, se eliminó la figura del delito político y se equiparó a este con el delito común, además de otorgarle facultades a los militares para el juzgamiento de civiles. El Estatuto de Seguridad abrió un marco legal para la represión del sindicalismo colombiano, la detención arbitraria contra dirigentes y activistas sindicales, junto con el allanamiento y la amenaza fueron los atropellos más recurrentes en contra de los derechos humanos de los sindicalistas.Throughout the seventies, the struggle of the Colombian syndicalism reached significant levels, since the economic policies of governments during those years did not favor workers. During this time, the upward pricing policy of staples was consolidated and, while workers wages were stocked, the government in power refused to make a wage increase equivalent to the increase of the cost of living. The syndicalism protest in the country reached its peak with the realization of the national strike on September 14, 1977. This manifestation provoked nervousness in the political and armed forces of the country, who felt that the public order and the stability of the state institutions were under risk by the actions from the syndical movement. A month after the possession of the presidency of Julio César Turbay Ayala in 1978 the Legislative Decree 1923 of September 6 of 1978, also known as Estatuto de Seguridad (Security Statute), was issued with the purpose of containing the syndical struggle in the country. With the Statute, the political and social control of the popular movement and especially of the syndical movement became more radical. With the operation of Decree 1923 of 1978 social protest is criminalized, democratic and syndicalism freedoms were restricted, the figure of political crime was removed and matched this with criminal crime, besides granting powers to the military to judgement civilians. The Security Statute opened a legal framework for the repression of the Colombian syndicalism and the arbitrary arrest against syndicalist leaders and activists. Additionally, the raid and threat were the most frequent abuses against human rights of syndicalist.Historiador (a)Pregrado