RESUMEN: El proceso de implementación del acuerdo de paz y el cambio social hacia una ciudadanía para la paz, propone este ajuste estatal mediante la inclusión de otras vertientes políticas, las garantías para la participación de minorías en los estamentos gubernamentales y la consolidación de la participación ciudadana tanto en la planeación del territorio como en la gestión, y el control político y social, asuntos que se suponían alcanzados con el surgimiento del nuevo Estado en la Constitución de 1991. En ese sentido, la apertura democrática expresada en participación ciudadana, vista desde el acuerdo de paz, pareciera una re significación de las discusiones de 1991, sobre este tema, en donde la participación ciudadana se planteaba como solución al problema social y político del país, es decir de que la implementación de dicho acuerdo podría pensarse como el cumplimiento efectivo de la promesa de la constitución de 1991. Sin embargo, no solo los contextos políticos y sociales, y las demandas en las negociaciones con el M-19 y las FARC -EP son distintas, también las transformaciones logradas apuntan a lugares distintos, aunque con un fin similar.La Constitución de 1991 no responde efectivamente a las particularidades territoriales, por lo que el acuerdo de paz reconociendo que los territorios “periféricos” y sobre todo aquellos que han sido más afectados por el conflicto armado no logran promover efectivamente la participación ciudadana dado el acumulado histórico de estigmatización, negación de derechos a la participación y la falta de garantías de seguridad; promueve desde la concepción de “paz territorial” un ajuste a la estatalidad en lo local, y en lo nacional, para atender de manera efectiva las necesidades y particularidades, esta territorialización de la paz se expresa fundamentalmente es tres nuevas estrategias: 1) la ampliación de la participación política para los territorios más afectados por la violencia mediante las circunscripciones especiales de paz, que no lograron pasar el debate en el Congreso de la República y al día de hoy tienen muy pocas posibilidades de realización; 2) el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), que luego de su inicio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ha perdido posibilidades en el actual gobierno de Iván Duque dado el cambio de enfoque en el tratamiento del problema de las drogas; y 3) los programas de desarrollo con enfoque territorial ( PDET) que viene adelantándose en los 16 territorios priorizados que contienen 170 municipios, a partir de tres momentos: fase veredal, fase municipal, fase regional. Estas tres estrategias cuentan, desde el acuerdo de paz mismo, con una fuerte participación ciudadana tanto en su concepción como en su ejecución