This article provides some evaluation elements for the Colombia-Canada’s Free Trade Agreement (FTA), based on the study of the implementation of mining in the municipality of Buriticá, department of Antioquia, where the Continental Gold company is exploiting one of Colombia’s most important gold mines. It focuses on the FTA’s central feature, which requires companies to generate wealth while promoting human security. Accordigly, the Colombia-Canada’s FTA explicitly includes a chapter on human rights, something very uncommon in the content of free trade agreements. The article draws on the theory of the State in action and the methodological perspective of public policy analysis. Although the research methodology combined quantitative and qualitative techniques, the main technique applied was a survey. Research outcomes pave the way to debate FTA central thesis’ feasibility, particularly because its implementation in mining extractive projects generates conflicts in which the company is involved and the State is questioned in its role of protecting, and enforcing human rights.Este artículo aporta elementos de evaluación del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Canadá a partir del estudio de la implementación de la minería en el municipio de Buriticá, departamento de Antioquia, donde la empresa Continental Gold dirige la explotación de una de las minas de oro más importantes del país. Por eso está enfocado en el supuesto central de esta política, el cual exige a la empresa generar riquezas y promover la seguridad humana. Por eso, este Tratado incluyó un capítulo sobre derechos humanos, algo inédito en este ámbito. El artículo recurre a la teoría del Estado en acción y la perspectiva metodológica del análisis de política pública —policy analysis—. Aunque la metodología de la investigación combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, la principal técnica aplicada fue una encuesta. Los resultados del estudio permiten discutir los alcances del postulado central del TLC, particularmente porque su implementación en proyectos de extracción minera genera conflictos en los cuales la empresa resulta implicada y el Estado cuestionado en su rol de proteger, remediar y hacer respetar los derechos humanos.