La reforma del Estado iniciada en la casi totalidad de los países latinoamericanos a finales de los ochentas tiene dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa se llevó a cabo a través de la desregulación, la privatización, la descentralización y la tercerización. Si bien esta etapa se caracterizó por la desregulación de numerosas actividades económicas, el propósito fundamental era la reducción del aparato estatal por medio de la transferencia a terceros de la responsabilidad de producir determinados bienes y servicios. En la segunda fase de reformas se intentó fortalecer el aparato estatal y volver más eficiente y transparente su desempeño, bajo el paradigma de la reinvención del gobierno, en procura, al mismo tiempo, de restablecer ciertos equilibrios sociales y políticos perdidos en el curso de la primera etapa, mas allá de sostener los macroeconómicos ya logrados. En el caso argentino, la experiencia reformista se distinguió por su rapidez y radicalidad, traduciéndose en la eliminación de un parte significativa de la estructura institucional del Estado, de su dotación de personal y, en última instancia, de algunos de sus roles tradicionales.