El tratamiento estigmatizante y represivo que se le ha dado a los vendedores ambulantes en algunas ciudades latinoamericanas responde a una concepción autoritaria de la ciudadanía que se fundamenta en el rechazo de la ciudadanía social, el impulso de virtudes cívicas descontextualizadas (republicanismo perfeccionista), impuestas coactivamente, funcionales a los sectores más poderosos de la economía, que estigmatizan la marginalidad y fomentan la exclusión. Como alternativa a lo anterior, se sostiene que para armonizar el interés en un desarrollo urbano cualificado con la necesidad de incluir a quienes han sido marginados, es posible acudir a un concepto de ciudadanía social diferenciada y participativa. Esta es una ciudadanía diferenciada en favor de sectores marginales, no por motivos de multiculturalidad sino en razón de situaciones de vulnerabilidad política, social y económica.