The death of two elderly Waorani, Ompore Omewai and Buganei Caiga, in thecommunity of Yarentaro on March 5, 2013 by warriors Tagaeri / Taromenane belonging to Ecuadorian indigenous peoples in isolation provoked the family organize their revenge through an incursion of 17 warriors who allegedly killed an unknown number of isolated in late March or early April of the same year. The only evidence of this fact are two girls who were abducted by the attackers and currently living in two communities Waorani. The General Attorney of the State initiated a legal process against these 17 indigenous accusing them of ethnocide and genocide and the various legal actions carried out during 2013 and 2014 pitted the Waorani with ordinary Ecuadorian legal system and raised new challenges for resolution. The paper discusses how the resolution of an internal conflict between two indigenous peoples is crossed by the interference of ordinary justice and the law, and how its meaning and use works rather in favor or against their collective rights as indigenous peoples, making the law in a fetish thereby displacing a political conflict into the realm of the law.
La muerte de dos ancianos Waorani, Ompore Omewai y Buganei Caiga, en la comunidad de Yarentaro el 5 de marzo de 2013 por parte de guerreros Tagaeri/Taromenane pertenecientes a pueblos indígenas ecuatorianos en aislamiento, provocó que sus familiares organicen su venganza a través de una incursión de 17 guerreros que supuestamente mataron a un número indeterminado de aislados a fines de marzo o inicios de abril del mismo año. La única evidencia de este hecho constituyen dos niñas que fueron raptadas por los atacantes y que viven actualmente en dos comunidades Waorani. La Fiscalía General inició un proceso jurídico contra los 17 guerreros acusándoles de etnocidio y genocidio cuyas diversas acciones legales llevadas a cabo en el transcurso del 2013 y 2014 enfrentó a los Waorani con el sistema jurídico ordinario ecuatoriano y planteó nuevos retos para su resolución. El artículo analiza de qué manera la resolución de un conflicto interno entre dos pueblos indígenas está atravesada por la injerencia de la justicia ordinaria y la ley, y cómo su significado y uso funciona tanto a favor como en contra de los derechos colectivos de estos pueblos, convirtiendo a la ley en un fetiche que desplaza un conflicto político hacia el terreno de lo jurídico.
La muerte de dos ancianos Waorani, Ompore Omewai y Buganei Caiga, en la comunidad de Yarentaro el 5 de marzo de 2013 por parte de guerreros Tagaeri/Taromenane pertenecientes a pueblos indígenas ecuatorianos en aislamiento, provocó que sus familiares organicen su venganza a través de una incursión de 17 guerreros que supuestamente mataron a un número indeterminado de aislados a fines de marzo o inicios de abril del mismo año. La única evidencia de este hecho constituyen dos niñas que fueron raptadas por los atacantes y que viven actualmente en dos comunidades Waorani. La Fiscalía General inició un proceso jurídico contra los 17 guerreros acusándoles de etnocidio y genocidio cuyas diversas acciones legales llevadas a cabo en el transcurso del 2013 y 2014 enfrentó a los Waorani con el sistema jurídico ordinario ecuatoriano y planteó nuevos retos para su resolución. El artículo analiza de qué manera la resolución de un conflicto interno entre dos pueblos indígenas está atravesada por la injerencia de la justicia ordinaria y la ley, y cómo su significado y uso funciona tanto a favor como en contra de los derechos colectivos de estos pueblos, convirtiendo a la ley en un fetiche que desplaza un conflicto político hacia el terreno de lo jurídico.