Este artículo examina la conversación pública y las medidas políticas tomadas en materia de pensiones alimentarias y de transferencias monetarias de emergencia durante los primeros ocho meses de la pandemia en los 19 países de América Latina. Aunque las transferencias alimentarias son un derecho de toda persona menor de edad que no convive con uno de sus progenitores, la enorme mayoría de niños, niñas y adolescentes de esta región no las recibe. Buscamos determinar la visibilidad del problema y el esfuerzo estatal referente a esta cuestión, en general, y las medidas que explícitamente vincularon el derecho de familia con la protección social, en particular. Una vez determinada la presencia de los subsidios alimentarios en medios de prensa y, a partir de análisis documental de repositorios regionales y fuentes oficiales de las medidas identificadas, este artículo ofrece una visión panorámica de lo ocurrido desde la protección social con respecto a trasla­dos monetarios de emergencia, por un lado, y las pensiones alimentarias, por el otro. Entre las medidas se identificaron aquellas, muy innovadoras, que asociaron las pensiones alimentarias a la protección social (seguros de desempleo y fondos de pensiones). Adicionalmente, la presencia extendida de transferencias monetarias de emergencia constituye una acción indi­recta que pudo acercar ingresos a las personas menores de edad. El artículo subraya las oportunidades creadas por las medidas desplegadas y concluye argumentando que, tanto en los mejores como en los peores escenarios nacionales distinguidos, la garantía del ingreso a las personas menores de edad en buena medida depende de profundizar su lazo con la protección social mediante, por ejemplo, una renta básica universal.UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)