Las elecciones salvadoreñas de 2009 le dieron al partido de izquierda acceso al poder por primera vez en la historia solo 20 años después de un derramamiento de sangre por la tierra y las oportunidades. Para honrar su ambiciosa agenda social, el nuevo presidente se comprometió a expandir el programa de transferencias monetarias condicionadas (TMC) de 4 años, pero también encontró formas de atraer a la clase media urbana. Para cumplir, el gobierno necesitaba promover servicios de alta calidad que atrajeran tanto a las familias pobres como a las de ingresos medios frente a los recursos públicos limitados y los poderosos grupos de interés privado. ¿Era esto posible? ¿Podrían satisfacerse las demandas urgentes a corto plazo y al mismo tiempo promover objetivos a largo plazo más ambiciosos? Lejos de ser exclusivo de El Salvador, todos los gobiernos progresistas deben enfrentar esto. También operan en un entorno global dominado por la creciente atención al universalismo. En particular, la nueva propuesta de la ONU al Piso de Protección Social, básico exige que las nuevas intervenciones deben garantizar que todos tengan acceso a un conjunto de servicios y transferencias como una cuestión de derecho. Sensibles a las restricciones fiscales y políticas, los gobiernos deben apartarse de algunos derechos mínimos específicos de cada país y crear gradualmente el capital político y los recursos para aumentarlos (Bachelet, 2011). Partiendo del mismo enfoque, la OIT también ha desarrollado recomendaciones de políticas, que definen el piso en términos de atención médica esencial y seguridad de ingresos básicos a lo largo del ciclo de vida. Para 2012, este instrumento político se había convertido en un avance político global (Deacon y Stubbs, 2013), obteniendo el apoyo de la ONU, el Banco Mundial, el G20 y muchas organizaciones internacionales sin fines de lucro.UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)