Este artículo discute la criminalización de la protesta social y la labor de defensa social y la labor de defensa ambiental en Costa Rica basándose en el estudio de caso de la lucha contra el Proyecto Minero Crucitas (PMC) , entre los años 2008 y 2010. El estudio incluyó una metodología centrada en la consulta bibliográfica, hemerográfica y entrevistas a personas defensoras ambientales que enfrentaron denuncias penases por su labora de militancia contra el PMC. En este caso, como en otros países de la región, la criminalización, y particularmente la judicialización de la protesta ha sido un recurso usado por actores estatales y no estatales como una forma de obstruir la labor de las personas defensoras ambientales. Asimismo , se ha constatado que, en el caso de la lucha contra el PMC, el uso de la denuncia penal mostró un triple fin deslegitimar, intimidar e inhibir a las personas que luchaban contra la minería.
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