La información es un recurso para la administración y un insumo para el conocimiento y la memoria. El ciudadano necesita acceder a ella para ejercer sus derechos en casi todas las facetas de su vida cotidiana. El derecho de acceso a la información y a los documentos que la contienen sitúa al usuario en el centro de las preocupaciones y de las actividades del archivero y hace que los archivos sean entendidos y utilizados como fuentes de información para cualquier tipo de investigación. Se trata de un derecho de vital importancia porque procura la transparencia en el accionar del aparato estatal y contribuye a que disminuya la corrupción, lo que redunda en la consolidación de la democracia. En este estudio interdisciplinario, desde la archivología, el derecho y la comunicación, con una dimensión política de lo sociocultural, se sustenta la hipótesis de que la existencia de archivos organizados y políticas de acceso a la información pública en consonancia, proporcionan transparencia al gobierno y perfeccionan la democracia de un país. Para ello, se estudia el estado de situación en tres países de América del Sur con tradiciones administrativas semejantes pero trayectorias político-institucionales diferentes: Argentina, Colombia y Perú, para verificar el rol que ejercen los archivos en la legislación sobre el derecho de acceso a la información y si la existencia de normativas respecto de este tema tiene relación - y en caso de tenerla, de qué tipo - con las políticas archivísticas y la organización de los Archivos, entendiendo que la existencia de una ley no es suficiente para garantizar la disponibilidad de los documentos y el ejercicio ciudadano de este derecho. Se analizan y comparan las leyes de acceso a la información pública de los tres países y se examina la evolución político-institucional de cada uno de ellos, para conocer el contexto en el cual se sancionaron estas leyes. Finalmente se consulta a profesionales de Argentina, Colombia y Perú, para verificar si las disposiciones cumplen sus objetivos, si se aplican los principios establecidos, si la población hace uso del derecho democrático que ellas les otorgan y, en suma, si se comprueba la relación entre los archivos y acceso a la información. Si bien es un derecho que aún no es ejercido por la mayoría de la sociedad y se requieren políticas archivísticas y archivos organizados en base a una gestión documental sistemática y completa para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de los documentos, queda claro que mejorar el acceso a la información facilita la defensa de los derechos fundamentales individuales y colectivos de la sociedad, lo cual se traduce en el fortalecimiento de la democracia.Fil: Fenoglio, Norma Catalina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Estudios Avanzados; Argentina.