"En este artículo se estudia el proceso por el cual las au- toridades públicas de Sonora cumplieron las recomendacio- nes emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 1992 a 2012. En este lapso se distinguen dos formas de nombrar al ombudsman: por el gobernador, en el periodo de 1992 a 2004, y por el Congreso, en el de 2005 a 2012. Los datos muestran que en el primero la tendencia se in- clinó más a que las recomendaciones tuvieran el estado de “totalmente cumplidas”, y en el segundo el de “cumplidas parcialmente”. La evidencia hallada reveló que las autorida- des públicas y las de la Comisión negocian políticamente las recomendaciones, al simular que se cumplen en su totali- dad, cuando en realidad no es así. En los cuatro casos selec- cionados, con el estatus de cumplidas, no se logró restituir los derechos vulnerados de las víctimas, a pesar de que era el objetivo principal de las resoluciones."