"La Secretaría de la Función Pública debe ser el precursor del impulso de la cultura de la legalidad en toda la Administración Pública Federal, ya sea al intervenir en el análisis, diseño y propuesta de la regulación jurídica de la misma, bajo la óptica de consolidar el bien común; así como en dar sustento al cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos."