El 26 de diciembre de 2007 fue oficialmente ratificado por el rey Juan Carlos de España, después de la aprobación del parlamento conducido entonces por José Luis Rodriguez Zapatero, un ambicioso procedimiento jurídico relativo al dramático y controvertido pasado español, la Ley de reparación, desde entonces popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica. Una denominación que tiene algo de paradojal: ¿no es acaso la memoria algo espontáneo que sigue sus propios recorridos y resiste toda imposición externa? ¿Se puede modificar la memoria histórica por decreto, imponiendo formas y modalidades al recuerdo colectivo? Sabemos que se puede obligar al olvido, o por lo menos buscar hacerlo borrando rastros y documentos, como demuestran los casos históricos de damnatio memoriae, pero parece más difícil el caso opuesto, decidir por ley qué debe ser recordado y cómo.