El contexto global en que nos encontramos inmersos ha ofrecido extraordinarias posibilidades de desarrollo a los grupos criminales organizados, los cuales se han dedicado a la explotación de bienes y servicios ilícitos. En los últimos tiempos han conocido la aparición de grandes fortunas generadas a partir de la realización de las actividades delictivas; riqueza que, para poder ser disfrutada pacíficamente por parte de quienes la obtienen, requiere ser distanciada de su origen mediante el oportuno proceso de legalización, conversión o blanqueo. Así las cosas, el interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige la supervisión de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera.
Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes grupos internacionales de trabajo (ONU, GAFI, Comité de Basilea, OEA, etc), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control del blanqueo por parte de determinadas entidades e instituciones. Para verificar y asegurar el adecuado funcionamiento de dichas medidas, tales normas exigen el nombramiento de Oficiales de Cumplimiento que supervisen adecuadamente el funcionamiento de los protocolos de control. Así mismo, se requiere de medidas administrativas expedidas por el gobierno nacional y que sean adoptadas por el sistema financiero colombiano para controlar y reprimir el blanqueo de capitales.
TITULO I
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS II
PROBLEMA JURIDICO III
PRESENTACIÓN VI
Capítulo I
DESCRIPCION GENERAL - MARCO TEÓRICO 1
1.1. Organismos Internacionales 2
1.1.1. ONU 2
1.1.2. OEA 18
1.1.3. Consejo de Europa 26
1.1.4. GAFI 32
1.1.5. Otros grupos de acción internacional 48
1.2. Reseña normativa colombiana 62
1.2.1. Legislación Penal 66
1.2.2. Normas especiales 88
1.2.3. Circulares Superintendencia Bancaria 1992 a 2004 106
1.2.4. Acuerdos Interbancarios y Declaraciones de la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 113
Capítulo II
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS. 119
2.1. Sujetos obligados 119
2.2. Identificación de clientes y conocimiento del mercado 123
2.3. Registro y notificación de transacciones en efectivo 132
2.4. Comunicación de transacciones financieras inusuales
y sospechosas 137
2.5. Programa de cumplimiento obligatorio 140
2.6. Instrumentos para la aplicación de los mecanismos de control 152
2.7. Organismos de control interno y de supervisión y regulación 162
2.8. Régimen Sancionatorio. Responsabilidad penal y administrativa
de los Sujetos Obligados 168
2.9. Reserva Bancaria 174
Capítulo III
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 180
CONCLUSIONES 194
GLOSARIO 198
BIBLIOGRAFÍA 227
ANEXOS 238
Pregrado
The global context in which we find ourselves has offered extraordinary possibilities for development to organized criminal groups, which have engaged in the exploitation of illicit goods and services. In recent times they have known the appearance of great fortunes generated from the performance of criminal activities; wealth that, in order to be enjoyed peacefully by those who obtain it, needs to be distanced from its origin through the appropriate process of legalization, conversion or laundering. Thus, the social interest to control, prevent and suppress the activity of such groups requires the supervision of the channels through which such funds are legitimized, with special emphasis on financial intermediation activities.
In response to the recommendations made by different international working groups (UN, FATF, Basel Committee, OAS, etc.), the regulations in force in most states require the adoption of measures to prevent and control money laundering by certain entities and institutions. To verify and ensure the proper functioning of these measures, such standards require the appointment of Compliance Officers who adequately supervise the operation of the control protocols. Likewise, administrative measures issued by the national government and adopted by the Colombian financial system are required to control and repress money laundering.