Ciertamente, uno de los componentes en los que reposa la mayor legitimidad de los Estados de Derecho modernos consiste en la capacidad que tiene éste al momento de resolver los conflictos surgidos entre particulares con el Estado.
A su vez, la finalidad primordial de cualquier sistema legal jurídico la constituye el establecimiento de reglas claras con el propósito de encontrar soluciones justas y equitativas a dichas controversias. Es así como, la carencia de una justicia eficaz y cumplida se refleja o se traduce principalmente en impunidad o delitos no resueltos y congestión o demora en el trámite de los procesos.
Siendo la actividad contractual una de las de mayor relevancia en el actuar del Estado, en ocasiones no se entiende, porqué cuando surgen los conflictos no se utilizan dichos mecanismos; de esta manera, se incide notablemente en el retraso de la obra u objeto a recibir, ó en su producción a veces imperfecta, lo que repercute considerablemente en el bienestar de la comunidad y por sobre todo en las finanzas del Estado. Es por ello, que la Contratación Estatal resulta en ocasiones, costosa y posiblemente no rentable en la inversión que se pretende.
Esto, en últimas, genera una percepción negativa por parte del ciudadano de la institucionalidad judicial del Estado y una falta de acceso al sistema formal de resolución de conflictos. Razón por la que, sin temor a equivocarnos el legislador ha reglamentado los Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos debido a que la actividad que desarrolla la Administración para cumplir con los fines sociales del Estado, demanda en el desarrollo de su presupuesto de Inversión y en algunas ocasiones en el de Funcionamiento, un instrumento denominado “Contratación Estatal”, negocio jurídico en que el Estado adquiere compromisos y contrae derechos, en ánimo a obtener un objeto para cualificar su deber frente al administrado.
INTRODUCCIÓN
1 DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS CONTENIDOS EN LA LEY 80
DE 1993. 3
1.1 JUSTIFICACIÓN 3
1.1.1 Limitaciones. 5
1.2 OBJETIVOS 6
1.2.1 Objetivo general 7
1.2.2 Objetivos específicos. 7
1.3 PROBLEMA 7
1.3.1 Identificación del problema. 7
1.4 VARIABLES. 8
2. LA CONTRATACIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO 9
2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EN COLOMBIA. 9
2.1.1 Primera etapa 11
2.1.2 Segunda etapa 12
2.1.3 Tercera etapa
2.1.4 Cuarta etapa
2.1.5 REGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LAS ENTIDADES DEL
ESTADO. 13
14
15
2.3 PRINCIPIOS JURÍDICOS CONTENIDOS EN LA LEY 80 DE 1993 29
2.3.1 Derecho a la reclamación 30
2.3.2 La reclamación debe ser de buena fe 31
2.3.3 Principio de la plenitud de la retribución del contratista 32
2.3.4 Principio del pago oportuno y completo 32
2.3.5 Principio de la celeridad en la reclamación y derecho a una
Respuesta. 33
2.3.6 Principio del arreglo directo con o sin intermediación 33
2.3.7 De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades
Estatales. 34
2.3.8 Del principio de transparencia 35
2.3.9 Principio de economía. 40
2.3.10 Principio de la responsabilidad 44
2.3.11 De la ecuación contractual 45
2.3.12 De la interpretación de las reglas contractuales 46
2.3.13 El deber de selección objetiva 46
2.3.14 De la estructura del procedimiento de selección
2.3.15 De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias 47
51
2.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES A LOS
CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO 52
2.4.1 Principio de la autonomía privada. 52
2.4.2 Principio de la economicidad 53
2.4.3 Principio de la buena fe 54
2.4.4 Principio de tutela de la confianza 55
2.4.5 Principio de las cargas 55
2.4.6 Principio de preservación 57
2.4.7 Principio del equilibrio patrimonial 58
2.4.8 Principio de la libertad de forma 59
2.4.9 Principio del efecto vinculante 59
2.4.10 Principio de la solidaridad 60
2.4.11 Principio de la simultaneidad 60
2.4.12 Principio de seriedad contractual 61
2.4.13 El principio de la libertad de forma 62
2.4.14 Principio del intervencionismo estatal 63
2.4.15 El principio de protección de los derechos fundamentales 64
2.4.16 El principio del orden económico justo 65
2.4.17 El principio de la función social y ecológica 65
2.4.18. El principio de la protección de la empresa 65
2.5 FÓRMULAS INSTITUCIONALES RELATIVAS A NEGOCIOS
ESPECIFICOS. 66
2 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CONTRACTUALES. 68
3.1 SOLUCIÒN DIRECTA: “LA TRANSACCIÒN” 73
3.1.1 Concepto 73
3.1.2 Elementos esenciales de la transacción. 74
3.1.3. Características de la transacción. 77
3.1.4 Efectos de la transacción 77
3.1.5 Requisitos para la validez de la transacción 78
3.1.6 Clasificación de la transacción 79
3.1.7 La transacción en el derecho público 81
3.1.8 Efectos de la transacción 82
3.2 SOLUCIÒN MEDIADA: AMIGABLE COMPOSICIÓN 82
3.2.1 Concepto 82
3.2.2 Normas reguladoras 83
3.2.3 Procedimientos 83
3.2.4 Consecuencias 83
3.2.5 Desarrollo práctico 84
3.2.6 Regulación en la ley 446 de 1998 84
3.2.7 Diferencias y semejanzas con la conciliación. 84
3.3 SOLUCIÒN MEDIADA: LA CONCILIACIÒN 85
3.1.1 Concepto. 85
3.3.2 Conciliación prejudicial ante los procuradores delegados 93
3.3.3 Normas reguladoras.
3.3.4 Comités de conciliación 96
101
3.3.5 Centros de Conciliación y Arbitraje 102
3.3.6 Categorización de los Centros de Conciliación y Arbitraje 102
3.3.7 Conciliación judicial 104
3.3.8 Condiciones para solicitarla 105
3.3.9 Audiencia de conciliación 106
3.3.10 Conclusión del procedimiento conciliatorio 107
3.3.11 Recursos 109
3.3.12 Acción de repetición contra el servidor público 110
3.4 SOLUCIÒN COACTIVA: EL ARBITRAJE 113
3.4.1 Concepto 113
3.4.2 Breve historia del arbitraje.
3.4.3 Modalidad o clase de arbitraje 115
118
3.4.4 Plazos para decidir en el tribunal arbitral 126
3.4.5 Asuntos susceptibles de arbitramento 127
3.4.6 Pacto arbitral. 127
3.4.7 Cláusula compromisoria 128
3.4.8 Tramite prearbitral 129
3.4.9 Laudo arbitral 130
3.5 SOLUCIÓN JUDICIAL: SOLUCIÓN COACTIVA 131
3.5.1 Concepto 131
3.5.2 Acciones por hechos precontractuales 132
3.5.3 Acciones por actos precontractuales 134
3.5.4 Acciones de nulidad del contrato 137
3.5.5 Acciones con ocasión del contrato 140
3.5.6 Acciones por hechos en ejecución del contrato 141
3.5.7 Las acciones ejecutivas y abreviadas, por hechos 143
3.5.8 Acciones por actos contractuales unilaterales 157
3.5.9 Acciones por actos contractuales bilaterales 159
3.5.10 Hechos postcontractuales 160
3.5.11 Actos postcontractuales 162
3.5.12 Hechos extra contractuales relacionados con el contrato 162
3.5.13 La unificación del derecho de la responsabilidad 164
2 APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTO CONTENIDOS EN LA LEY 80 DE
1993, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA.
168
4.1 ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Nº 143-03 171
4.2 ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Nº 159-02 172
4.3 ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
N° 122-04. 174
5. CONCLUSIONES 176
BIBLIOGRAFÍA 179
Pregrado
Certainly, one of the components on which the greater legitimacy of modern rule of law rests consists of the capacity that it has at the time of resolving conflicts that arise between individuals with the state.
In turn, the primary purpose of any legal legal system is the establishment of clear rules in order to find fair and equitable solutions to such controversies. Thus, the lack of effective and fulfilled justice is mainly reflected or translated into impunity or unsolved crimes and congestion or delay in the processing of processes.
Since contractual activity is one of the most relevant in the actions of the State, it is sometimes not understood why when conflicts arise, these mechanisms are not used; In this way, there is a notable impact on the delay of the work or object to be received, or on its sometimes imperfect production, which has a considerable impact on the well-being of the community and above all on the finances of the State. That is why State Contracting is sometimes expensive and possibly not profitable in the investment that is intended.
This, ultimately, generates a negative perception on the part of the citizen of the judicial institutionality of the State and a lack of access to the formal conflict resolution system. Reason why, without fear of being wrong, the legislator has regulated the Alternative Mechanisms for the Resolution of conflicts because the activity carried out by the Administration to fulfill the social purposes of the State, demands in the development of its Investment budget and in some Sometimes in the Operation, an instrument called "State Contracting", legal business in which the State acquires commitments and contracts rights, in order to obtain an object to qualify its duty to the administered.