La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 emerge en el año 2010 como una estrategia para re-politizar este campo, poniendo en el centro de la escena a los derechos humanos de las personas usuarias y proponiendo una distribución del poder a nivel disciplinar, sectorial, en los servicios y en las políticas. A partir de esta reconfiguración, el Estado asume un rol de garante de los derechos de las personas, quienes ahora se definen como “sujetos con derecho a demandar”. En Córdoba, desde el año 2014, un colectivo compuesto por usuarios, trabajadores, organizaciones estudiantiles, civiles y políticas materializa este “derecho a demandar” mediante las Marchas por el Derecho a la Salud Mental, en las que se disputa en el espacio público la legitimidad de demandas colectivas, construidas en un proceso participativo con fuerte protagonismo de las personas usuarias.