Como cualquier otro país europeo, la España de Franco se vio confrontada en 1945 con la necesidad de definir su posición ante la cuestión alemana cuando ésta emergió, tras la derrota del nacionalsocialismo, como el principal problema de la posguerra en el continente. La división del territorio alemán y de Berlín en cuatro zonas de ocupación controladas por estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos, la incertidumbre sobre las estructuras políticas que surgirían de las ruinas del Reich y, posteriormente, la consolidación de dos Estados alemanes, integrados en los bloques antagónicos protagonistas de la Guerra Fría, obligaron a la diplomacia española a tomar partido. Lastrada por su pasado de íntima colaboración con la Alemania de Hitler durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, condenada por los aliados en Potsdam, sometida después, entre 1946-1950, a un período de cuarentena internacional (Portero 1989), y parcialmente rehabilitada en 1953 en virtud de la firma del Concordato con el Vaticano y de los pactos militares con Estados Unidos (Viñas 2003), la España de Franco contaba, en su condición de paria internacional, con un estrecho margen de acción. Con su supervivencia dependiente de su vinculación al bloque occidental, al que le unía, además del destino geopolítico y la conveniencia, una común convicción anticomunista, el regimen franquista se limitó inicialmente a seguir, en relación con la nueva situación creada en Alemania, las pautas marcadas por los gobiernos de EE.UU., el Reino Unido y Francia (Aschmann 1999; Collado Seidel 2001).