La presente tesis es geográfica en su incumbencia, y se inscribe en el campo de la Gestión Participada del Territorio. El problema de investigación estuvo referido a las improntas que las redes institucionales gubernamentales de un presupuesto participativo (PP) imprimen, sobre la sustentabilidad de la ordenación territorial, mediante las formas con que encauzan saberes y percepciones comunitarias. La indagación buscó esclarecer la posibilidad de que iniciativas vecinales planteadas en el contexto de esta herramienta participativa fueran reformuladas por el municipio convocante, para luego subsumirlas dentro de una ordenación territorial preestablecida. La revisión de referencias conceptuales halló que, el pensamiento elaborado por Michel Foucault en torno a la idea de red institucional de secuestro, era el más adecuado para analizar las reconfiguraciones discursivas surgidas de un PP. En tanto que la concepción de sustentabilidad, definida por el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, permitió examinar los factores que inciden en las reconfiguraciones espaciales surgidas de un presupuesto participativo. El caso de estudio elegido se refirió a las improntas territoriales derivadas de las formas de implementación del presupuesto participativo en Moreno, Provincia de Buenos Aires, entre 2013 y 2020. La red de secuestro implica un encuadre institucional dentro de sus patrones de intervención, una sujeción a sus normas. En un presupuesto participativo esta normalización inclusiva es ejercida sobre los saberes comunitarios, por las mismas instituciones gubernamentales que los convocaron. Los principales efectos del secuestro y la normalización ejercidos por el PP en Moreno determinaron: que la elaboración de un orden de precedencias sobre las necesidades territoriales básicas, fuera asumido por aquellos habitantes que las padecían a diario; que esta transferencia municipal de la gestión de carencias fuera percibida por los vecinos como concesión de una potestad para co-diseñar la agenda espacial local (figura del “pobre merecedor”, antes que del “sujeto de derechos”). La aplicación de una herramienta participativa de gestión, regida por la sostenibilidad, aumentó la fuerza normalizadora ejercida por la red institucional de secuestro. La participación vecinal fue orientada hacia una ratificación de programas de gestión previos, con montos reducidos, y no hacia una ordenación territorial sustentable. En consecuencia, las formas de implementación del presupuesto participativo de Moreno significaron un secuestro, discreto en lo discursivo y explícito en lo dinerario, que devino en una ordenación territorial cautiva de una voluntad de verdad, distante de los sentidos y percepciones locales.