En esta tesis se sostiene la idea de que la escolarización en las zonas de frontera fue una construcción común o un arreglo social intermedio fruto de un juego de equilibrio entre la pretendida dominación vertical estatal y la capacidad de acción autónoma de los actores educativos locales subalternos que fueron capaces de apoyar, condicionar o limitar la acción de la escuela fiscal, que buscó implantar el proyecto de control social estatal y la política de nacionalización, en momentos en que el “problema educacional” se discutía intensamente en medio de las repercusiones provocadas por la profunda crisis económica iniciada en 1929 que desembocó en un agudo ajuste económico y político basado en un reformismo social autoritario que fomentó la expansión cuantitativa y cualitativa del aparato burocrático y del dispositivo represivo del Estado para enfrentar la creciente conflictividad social. Precisamente, el ethos represivo del Estado afectó directamente al profesorado que debió enfrentar la contradicción entre los afanes civilizatorios y nacionalizadores del Estado y las múltiples limitaciones económicas y políticas que frustraron el cumplimiento efectivo de la escolarización puesto que nunca se resolvieron sus trabas más importantes (indigencia infantil, déficit de infraestructura escolar y precaria situación del profesorado afectado por los planes de austeridad fiscal). De esta forma, los profesores debieron enfrentar una compleja trama de cooperación y conflicto en relación a su doble rol de representantes de la burocracia educativa y del proyecto estatal de control social y de articuladores políticos de las comunidades locales, las que en general han sido relegadas a un plano secundario en la historia de la educación por razones políticas y/o metodológicas, a pesar de que jugaron un rol determinante en el devenir de la institución escolar.