En los últimos años las autoridades de la República Dominicana han implementado una serie de medidas que iniciaron un proceso de desnacionalización en un amplio segmento de la población dominicana. Dicho proceso se consolidó con la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) No. 168 del año 2013, también conocida como el Caso Juliana Deguis Pierre. Mediante esta sentencia fueron anulados los certificados de nacimiento y cédulas de identidad a los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en territorio dominicano entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, bajo el alegato de que fueron inscritos en el Registro Civil de manera irregular. Esta situación nos lleva a preguntarnos de qué manera este conjunto de eventos ha impactado el Desarrollo Humano de los afectados, aquellos quienes a pesar de la Ley 169-14 no han obtenido una respuesta razonable a su situación de apatridia. Otras interrogantes que surgen son: ¿Cuáles son aquellas dimensiones del Desarrollo Humano que se ven más afectadas por la problemática? ¿Es esta ley un instrumento garante de las condiciones básicas para propiciar un Desarrollo Humano Integral en los afectados? ¿Constituye esta normativa una restitución plena del derecho a la nacionalidad de los afectados? ¿En qué medida estos han podido retomar sus vidas y continuar ejerciendo sus derechos sociales, civiles y políticos? ¿Cuál ha sido el alcance en términos reales y absolutos de esta normativa?