En los Estados de Derecho se suele tener como premisa básica una línea de discrecionalidad de la defensa de los bienes jurídicos importantes de la sociedad, sobre la base de la defensa de los derechos fundamentales de la persona, el debido proceso y una serie de garantías constitucionales, todas ellas traducidas en una Política Criminal. Sin embargo, la realidad peruana dista de esta situación, por cuanto ni en el Congreso de la República, ni en las instituciones que administran e importen justicia existe un mecanismo que garantice a la sociedad la defensa de sus derechos como miembros de la sociedad y de sus bienes ni proteja los derechos de aquellas personas que han delinquido. La fragilidad de un sistema vinculado más a un ámbito de actuación populista legislativo, no sólo perjudica a los individuos de la comunidad, sino que terminan cuestionando el concepto de Estado democrático y tuitivo de derechos fundamentales.