Las nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad implican la democratización del proceso de elaboración de políticas públicas. La participación ciudadana recoge las demandas y necesidades de los diferentes grupos sociales, pero también permite abrir espacios para el diálogo, acuerdos y consensos entre gobernantes y población. Con la implementación de políticas elaboradas de manera conjunta se supone, además, que se mejorarán las condiciones de vida en el territorio, se promoverá la cohesión social, el afianzamiento y el arraigo.