La aprobación de la Constitución en el año 2008 trajo consigo el denominado ‘Régimen de Transición’ que estipulaba la sanción de dieciséis cuerpos de ley que buscarían reposicionar al Estado como ente regulador tanto el sector económico como el social. Entre ellas, la Ley de Servicio Público (LOSEP) que intentó equiparar las remuneraciones de varios servidores públicos para propender la justicia y equidad en la administración pública, avivó el malestar en filas de las instituciones del orden del país quienes manifestaron su resistencia a ciertos articulados por considerarlos como atentatorios a ciertos beneficios.