Resumen:
La crisis estatal que en la actualidad atraviesa Bolivia ha generado un debate, en el cual el Estado no se ha podido liberar de su naturaleza de clase; es más, las diversas reformas planteadas en el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado continúan revalidando este hecho, al proteger la propiedad privada de los medios de producción. Es el caso particular de las políticas de tierras, que analiza la presente publicación, en el que las reformas planteadas por el actual Gobierno continúan su apuesta por una retórica “radical” de defensa de los intereses campesinos e indígenas, pero sin modificar, en los hechos, la estructura agraria del país.