En el presente artículo, los autores señalan que las reformas político-electorales de la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto se presentaron únicamente en el ámbito de la superestructura jurídico-política, ya que no han sido una iniciativa que haga frente a la violencia, que intente disminuir los delitos, crear nuevos empleos, generar condiciones de crecimiento económico o reducir la pobreza. En su opinión, los cambios jurídicos sumados a las acciones políticas no han sido suficientes para que por sí mismos puedan terminar o, al menos aminorar, los grandes problemas del país.