A partir de las discusiones habidas en el seno del Congreso Constituyente de 1824, el trabajo analiza el primer esfuerzo de reordenación de las finanzas públicas nacionales. Propone hacer una lectura política y sociológica, y no solo jurídica, de tan importantes antecedentes que marcarían indeleblemente nuestra hacienda pública. Los diputados constituyentes dejaron ver claramente en sus intervenciones la resistencia de las ricas y poderosas elites locales a contribuir a los gastos de la federación. Tanto el gobierno como los miembros de la comisión redactora de la constitución y los de la comisión de hacienda, ante la posibilidad de una rupturay la grave amenaza de la disolución de la unidad nacional, prefirieron ceder. Así, el costo que se tuvo que pagar por preservar la integridad de la nación fue el de un Estado débil, por carecer de finanzas sólidas.