El comercio de contrabando y la hostilidad de los indígenas no reducidos fueron dos elementos que perturbaron el orden social y económico impuesto por las autoridades españolas en sus colonias americanas durante el siglo XVIII, problemas con los que igualmente tuvieron que lidiar las autoridades republicanas por lo menos en las dos primeras décadas del siglo XIX, por lo que buena parte de los esfuerzos gubernamentales se centraron en combatir estos dos fenómenos. La necesidad de reprimir el trato ilícito estaba estrechamente relacionada con la tarea de pacificar y reducir a los grupos aborígenes hostiles a cualquier política de dominación, por cuanto ellos, a menudo, establecieron alianzas con contrabandistas extranjeros para beneficiarse mutuamente del tráfico.