El informe ¡Basta Ya! no puede comprenderse por fuera del marco de otras experiencias que trataron en su tiempo de presentar un relato histórico del conflicto colombiano: las comisiones investigativas de 1959, 1987 y 1991 son anteriores a este. Sin embargo, el ¡Basta Ya! es el único informe publicado directamente por el Estado colombiano, lo que de entrada le da una mayor relevancia. La directriz jurídica de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), en conjunción con la Ley de Víctimas (1448 de 2011), determinan para el informe un marco teórico, histórico e incluso metodológico al orientar la periodización histórica del conflicto colombiano y la comprensión histórica de las víctimas.La posibilidad de afrontar una investigación de la historia reciente de nuestro país, si bien enmarca un mandato judicial, representa un valioso reto académico para la historiografía colombiana. Acusaciones contra la distancia investigativa y la objetividad científica parecen abrir campo a un enfoque preciso del estudio histórico en el que es reconocida la imposibilidad de excluir la subjetividad del investigador social frente a su objeto de estudio, sin abandonar la pretensión de objetividad, y en el que la posibilidad de recurrir a otro tipo de fuentes se pone en primer plano, permitiendo que las fuentes orales y visuales se encuentren con los archivos escritos en el ejercicio investigativo. El informe permite también seguir abriendo campo dentro de la disciplina histórica a la conjunción de la memoria y la historia, dos elementos más complementarios que contradictorios en el ejercicio del investigador social, dando paso a la posibilidad de recurrir a la riqueza subjetiva de la experiencia sin abandonar la racionalidad y la objetividad de la práctica histórica, haciendo de los relatos historiográ ficos ejercicios más ricos y rigurosos.